El Gobierno de Estados Unidos bloqueó indefinidamente los trámites de certificación laboral para ocho compañías tecnológicas que utilizan el programa de Certificación Laboral Permanente (PERM), un mecanismo que permite a los empleadores patrocinar la residencia permanente de trabajadores extranjeros calificados. La medida alcanza a Microsoft, Adobe y otras seis empresas, cuyos procedimientos nuevos y pendientes quedaron suspendidos mientras avanzan las investigaciones por presuntas irregularidades laborales.
El anuncio se produjo el 8 de octubre de 2026, desde la Casa Blanca, por parte del vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Trabajo, Keith Sonderling. La administración de Donald Trump justificó la decisión con el argumento de combatir el presunto fraude en el mercado laboral nacional y dar prioridad a la contratación de ciudadanos estadounidenses.
Las compañías afectadas son Microsoft, Adobe, Cognizant Technology Solutions, Infosys Ltd, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro Ltd, HCL Technologies y Capgemini SE. El Departamento de Trabajo no aceptará nuevas solicitudes de certificación laboral de estas empresas ni continuará procesando las que ya estaban en trámite.
El PERM es una de las vías que utilizan las compañías para respaldar solicitudes de residencia permanente de empleados extranjeros con perfiles calificados, incluidos trabajadores que suelen contar con visas H-1B. La suspensión afecta ese procedimiento, pero no implica la cancelación automática de las visas H-1B vigentes de quienes ya trabajan en las empresas involucradas.
Las acusaciones contra Microsoft
Microsoft quedó en el centro de las críticas de la administración estadounidense. JD Vance cuestionó directamente a la compañía y afirmó que “ninguna empresa en EE. UU. ha abusado más del sistema que Microsoft”.
Entre los argumentos del Gobierno figura el despido de unos 6.000 trabajadores estadounidenses por parte de Microsoft durante el año pasado. Las autoridades sostienen que, durante ese mismo periodo, la empresa incorporó a 6.300 trabajadores extranjeros mediante visas H-1B y solicitó casi 3.000 residencias permanentes.
Otra de las líneas de investigación apunta al proceso de contratación exigido por el PERM. Las autoridades alegan que algunas compañías publican ofertas laborales locales de manera discreta para aparentar que no existen candidatos estadounidenses calificados para determinados puestos. Según esta acusación, ese procedimiento permitiría justificar la contratación de trabajadores extranjeros con salarios inferiores.
Microsoft rechazó las acusaciones y defendió sus prácticas laborales en un comunicado oficial. La compañía manifestó que espera colaborar con la administración para esclarecer la situación y expuso dos argumentos sobre sus solicitudes migratorias y las condiciones salariales de sus empleados.
La empresa aseguró que alrededor del 80 % de sus solicitudes de visas H-1B durante el último año fiscal correspondieron a extensiones o cambios de estatus de personas que ya trabajaban en la organización, y no a nuevas contrataciones procedentes del extranjero.
También sostuvo que paga a sus trabajadores extranjeros lo mismo que a los ciudadanos estadounidenses que ocupan puestos comparables. Según Microsoft, sus compensaciones se encuentran entre las más altas de la industria tecnológica.
Nueve universidades también están bajo investigación
Las medidas de las autoridades laborales estadounidenses no se limitan al sector tecnológico. El Departamento de Trabajo emitió citaciones judiciales e inició investigaciones formales contra nueve universidades por presunto uso irregular del programa de visas J-1, destinado al intercambio de estudiantes, profesores e investigadores.
La administración sostiene que algunas instituciones recurren habitualmente a trabajadores extranjeros bajo esta modalidad para reducir costos laborales y pagar salarios inferiores a los que exigiría la contratación de profesionales estadounidenses.
Las universidades investigadas son Harvard, Yale, Stanford, Brown, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), el Instituto de Tecnología de California (Caltech), la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de California en Davis (UC Davis) y la Universidad Estatal de Arizona (ASU).
Las investigaciones sobre estas instituciones se desarrollan en paralelo a las actuaciones contra las ocho empresas tecnológicas. En ambos casos, el Gobierno busca determinar si los mecanismos de contratación de personal extranjero se utilizaron de manera irregular.
Por ahora, el alcance inmediato de la suspensión para las compañías tecnológicas se concentra en los trámites de certificación laboral vinculados con la residencia permanente. Los trabajadores que ya cuentan con visas H-1B vigentes no pierden automáticamente ese estatus por la medida, aunque el avance hacia una Green Card queda bloqueado mientras se mantenga la suspensión.
