Instagram comenzó a utilizar de forma global un sistema de inteligencia artificial diseñado para identificar usuarios menores de edad que hayan registrado una fecha de nacimiento incorrecta. La medida incorpora distintos mecanismos de estimación de edad y deriva en restricciones automáticas cuando la plataforma determina que una persona tiene entre 13 y 17 años.
El modelo no se limita a la información declarada durante el registro. Entre las señales que examina están las cuentas con las que interactúa cada usuario y los contenidos que consume habitualmente. También puede analizar conversaciones dentro de Instagram: expresiones como “¡Felices 15!” son consideradas posibles indicios de que la edad registrada no coincide con la real.
En determinadas regiones, el sistema incorpora además elementos visuales de las fotografías y videos publicados para calcular un rango de edad. Australia cuenta con otro mecanismo: allí puede utilizar la “señal de rango de edad” que proporcionan sistemas operativos como Apple cuando una persona descarga la aplicación.
Cuando la tecnología determina que alguien tiene entre 13 y 17 años pese a haberse registrado como adulto, Instagram lo incorpora automáticamente a una Cuenta de Adolescente. Esa clasificación activa configuraciones de privacidad predeterminadas y otras restricciones orientadas a limitar la exposición del menor.
El perfil pasa a ser privado y los adultos desconocidos no pueden ponerse en contacto con el adolescente ni enviarle mensajes privados. Los sistemas de moderación también reducen la exposición a contenidos sensibles, mientras que la plataforma establece límites automáticos de uso diario y restricciones para la navegación durante la noche.
El mecanismo contempla un umbral adicional. Si la plataforma determina que un usuario tiene menos de 13 años, la cuenta es bloqueada o eliminada inmediatamente de Instagram.
Las medidas de control también alcanzan a los padres o tutores. Una vez que un perfil es convertido en Cuenta de Adolescente, cualquier modificación de las restricciones requiere su aprobación mediante un panel compartido.
Los adolescentes pueden solicitar digitalmente cambios como hacer pública su cuenta o flexibilizar los filtros de contenido. Los tutores, además, pueden establecer límites diarios de utilización —por ejemplo, 60 minutos— y definir horarios durante los cuales el acceso a la aplicación queda bloqueado.
El sistema de supervisión permite también consultar las cuentas con las que el menor ha conversado durante los últimos siete días. El contenido de esos mensajes permanece oculto para los tutores.
La verificación de edad puede recurrir a servicios externos cuando existe una disputa o sospecha de fraude. Entre ellos está Yoti, proveedor de tecnologías de estimación de edad. En estos casos, el usuario puede realizar un video-selfie corto para que una herramienta de inteligencia artificial analice sus rasgos faciales y determine si alcanza la mayoría de edad.
Este procedimiento, según los lineamientos descritos, no utiliza reconocimiento facial para establecer la identidad de la persona. Meta y sus proveedores externos deben eliminar inmediatamente el video y los datos biométricos temporales una vez calculada la edad estimada. La información tampoco se conserva a largo plazo ni se emplea para entrenar otros modelos de inteligencia artificial.
Existe una alternativa para quienes no quieran utilizar la estimación facial. El usuario puede presentar una fotografía de un documento oficial de identidad, como un pasaporte o una licencia de conducir. El archivo es cifrado y se elimina de los registros después de un periodo máximo de 30 días.
La expansión de estas herramientas ocurre mientras Meta enfrenta investigaciones y decisiones judiciales relacionadas con el impacto de sus algoritmos sobre los jóvenes. Entre los casos mencionados está un dictamen de Nuevo México, en Estados Unidos. A esto se suman medidas adoptadas por gobiernos de la Unión Europea, Estados Unidos y estados como California, que han endurecido las exigencias relacionadas con auditorías de inteligencia artificial, uso nocturno del scroll infinito y comprobación de edad para acceder a servicios en internet.
En América Latina, y particularmente en Colombia, el debate sobre la protección de menores en entornos digitales también involucra decisiones judiciales, autoridades de protección de datos e iniciativas legislativas.
La Corte Constitucional ha emitido sentencias como la T-083/23 y la T-260/20, citadas como referentes sobre la protección de los derechos de los niños a la privacidad y al libre desarrollo en espacios digitales. El tribunal también ha exigido a plataformas e instituciones educativas implementar protocolos contra el ciberacoso y la exposición a contenido adulto.
La Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad encargada de la protección de datos personales, supervisa el cumplimiento del principio de responsabilidad demostrada por parte de las empresas tecnológicas internacionales que operan en Colombia. Bajo este marco, Meta debe demostrar que dispone del consentimiento explícito y verificable de los padres para recolectar datos de usuarios colombianos menores de 18 años.
El Congreso de la República, por último, mantiene debates sobre proyectos de ley relacionados con la inteligencia artificial. Entre las propuestas está la definición de sistemas de IA considerados de “alto riesgo”, siguiendo el modelo de la Ley de IA de la Unión Europea, así como restricciones a tecnologías capaces de manipular el comportamiento de menores o perfilar sus hábitos comerciales sin una supervisión estricta de sus tutores legales.
