Las nuevas disposiciones sobre transparencia para los sistemas de inteligencia artificial ya están en vigor en la Unión Europea. Desde ahora, desarrolladores y plataformas que operen en el mercado europeo deberán informar de forma expresa cuando un usuario interactúe con un sistema automatizado o consuma contenido generado o manipulado mediante IA. El incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en sanciones económicas de alcance global.
Las exigencias están recogidas en el Artículo 50 de la normativa y establecen cuatro escenarios en los que será obligatorio advertir a los usuarios.
El primero corresponde a la interacción directa con sistemas de inteligencia artificial. Chatbots, asistentes virtuales y avatares deberán comunicar de manera clara que el usuario está interactuando con una máquina y no con una persona.
El segundo se refiere a los deepfakes. Las imágenes, audios y videos creados o modificados sintéticamente para simular personas, objetos o lugares reales tendrán que incorporar marcas de agua legibles por máquinas que permitan identificar su origen.
La normativa también contempla los textos relacionados con asuntos de interés público. Cuando este tipo de contenido haya sido generado automáticamente y no cuente con supervisión o control editorial humano, las plataformas deberán informar sobre su origen automatizado.
La cuarta obligación alcanza a los sistemas de clasificación biométrica y reconocimiento de emociones. Las personas afectadas deberán ser notificadas de inmediato cuando estas tecnologías sean utilizadas.
Régimen de sanciones
La Unión Europea estableció un esquema de multas que busca impactar a las empresas tecnológicas que operan en su territorio, incluidas compañías como OpenAI, Google o Anthropic.
Las infracciones relacionadas con prácticas y sistemas prohibidos podrán ser sancionadas con hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual global, aplicándose el monto que resulte mayor.
El incumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en el Artículo 50 podrá acarrear multas de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación anual global.
Por suministrar información falsa o engañosa a las autoridades competentes, la sanción podrá ascender a 7,5 millones de euros o el 1% de la facturación anual global.
En el caso de organismos y agencias públicas de la Unión Europea, el límite de las multas será de 750.000 euros. Para las pequeñas y medianas empresas (pymes), las autoridades nacionales aplicarán criterios de proporcionalidad.
Calendario de implementación
Aunque la normativa ya comenzó a aplicarse, la Comisión Europea introdujo algunos plazos de adaptación mediante paquetes de simplificación técnica.
Los sistemas de inteligencia artificial generativa comercializados antes de la entrada en vigor dispondrán de un período de transición hasta el 2 de diciembre de 2026 para incorporar el etiquetado obligatorio detectable por máquinas.
Por su parte, las herramientas catalogadas como de alto riesgo, utilizadas en sectores como salud, infraestructura crítica o educación, estarán sujetas a las nuevas obligaciones entre 2027 y 2028.
También se contemplan excepciones para los textos generados en tiempo real cuando el etiquetado resulte técnicamente inviable, las modificaciones menores de formato —como recortes o traducciones directas— y los usos estrictamente personales y no profesionales.
Supervisión y control
La aplicación de la normativa estará a cargo de un sistema de supervisión compartido. La Oficina de IA de la Unión Europea (AI Office) será responsable de evaluar los modelos de propósito general y vigilar los riesgos sistémicos, mientras que las autoridades nacionales de vigilancia del mercado auditarán a las empresas locales y a los modelos de menor escala.
Además, se habilitaron canales digitales para que ciudadanos y trabajadores del sector tecnológico puedan denunciar, de forma segura, posibles incumplimientos de la legislación.
Excepciones al etiquetado obligatorio
Las directrices publicadas por la Comisión Europea precisan cuatro situaciones en las que no será obligatorio incorporar advertencias visibles.
Los contenidos creados con fines de sátira, parodia o ficción podrán revelar su naturaleza artificial de forma discreta, sin necesidad de utilizar marcas de agua invasivas que afecten la experiencia de la obra.
Tampoco será necesario reiterar que un chatbot es una inteligencia artificial cuando la naturaleza del servicio resulte evidente para una persona razonablemente informada, como ocurre con herramientas identificadas explícitamente como asistentes virtuales automatizados.
Las aplicaciones que emplean IA únicamente para funciones de apoyo, entre ellas correctores ortográficos, eliminación de ruido en audios o reescalado de imágenes, estarán exentas siempre que no modifiquen de manera sustancial el significado del contenido original.
Asimismo, quedan excluidos los sistemas autorizados por ley para actividades de detección, prevención e investigación de delitos penales relacionadas con la seguridad del Estado y la administración de justicia.
Responsabilidades diferenciadas
La regulación distingue entre los proveedores de inteligencia artificial y quienes despliegan estas herramientas.
Los proveedores, es decir, quienes desarrollan los modelos, deberán incorporar mecanismos técnicos que permitan insertar marcas de agua invisibles y metadatos legibles por máquinas. Además, estarán obligados a ofrecer herramientas públicas y gratuitas para verificar si un contenido fue generado con su tecnología.
En cambio, los responsables del despliegue —como agencias de marketing u otras organizaciones que utilizan estas plataformas— deberán garantizar que las etiquetas visibles para el público aparezcan desde el primer momento en que el usuario interactúe con el contenido.
Contenidos anteriores y alcance internacional
La Comisión Europea aclaró que los contenidos generados y publicados antes de la entrada en vigor de estas obligaciones no deberán etiquetarse de manera retroactiva. Sin embargo, si un archivo creado anteriormente se publica por primera vez después de la fecha establecida, sí tendrá que cumplir las nuevas reglas de transparencia.
La normativa también tendrá efectos fuera de las fronteras europeas. Al igual que ocurrió con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), cualquier empresa ubicada fuera de la Unión Europea cuyos servicios o contenidos de inteligencia artificial estén disponibles para usuarios europeos quedará sometida al régimen sancionador previsto por la legislación comunitaria.
