Los grandes centros de datos destinados a inteligencia artificial quedaron en el centro de una disputa legislativa en Estados Unidos después de que la Cámara de Representantes aprobara el 16 de septiembre de 2026 la Ratepayer Protection Act, H.R. 9340, con 417 votos a favor y tres en contra. El proyecto modifica la Public Utility Regulatory Policies Act de 1978 (PURPA) y propone establecer un estándar federal relacionado con los costos de las ampliaciones de infraestructura necesarias para atender a grandes consumidores eléctricos.
La iniciativa todavía no se convirtió en ley federal. El 17 de septiembre, el senador Jon Husted, republicano por Ohio, llevó la propuesta al pleno del Senado e intentó conseguir su aprobación mediante consentimiento unánime, un procedimiento que permite acelerar el trámite de una iniciativa cuando ningún senador presenta una objeción. Un senador demócrata objetó la solicitud y, por esa razón, H.R. 9340 no pudo avanzar mediante ese mecanismo.
El episodio no constituyó una votación del Senado en la que el proyecto fuera rechazado. La objeción impidió únicamente que se utilizara el procedimiento de consentimiento unánime. La propuesta, por tanto, continuó sin convertirse en ley.
La objeción fue presentada por el senador Martin Heinrich, demócrata por Nuevo México, quien cuestionó el alcance del proyecto impulsado por Husted. Heinrich sostuvo que la iniciativa establece un marco que pide a los estados considerar medidas para que las grandes cargas eléctricas cubran los costos de las ampliaciones de la red, pero no impone directamente esa obligación mediante una regla federal uniforme.
En lugar de respaldar ese trámite, Heinrich pidió que el Senado considerara su propia iniciativa, el GRID Savings Act de 2026, identificado como S. 5199. Esa solicitud también fue objetada, esta vez por el senador republicano Bernie Moreno, de Ohio, por lo que tampoco pudo aprobarse mediante consentimiento unánime.
El proyecto de la Cámara está dirigido a las denominadas grandes cargas. Su texto contempla a consumidores eléctricos no residenciales vinculados con infraestructura de tecnología de la información que tengan una demanda máxima de 100 megavatios (MW) o más en un mismo sitio o campus.
La propuesta establece que las tarifas destinadas a esos grandes consumidores sean diseñadas para recuperar el costo incremental total de las ampliaciones de generación, transmisión o distribución necesarias para atender su demanda. También contempla garantías financieras o contribuciones de los propios clientes para cubrir la infraestructura requerida antes de que se ejecuten esas obras.
Por ello, el mecanismo no equivale a una orden federal inmediata para que cada centro de datos pague directamente sus obras de infraestructura. H.R. 9340 establece un estándar que las autoridades regulatorias estatales y las empresas eléctricas no reguladas deben considerar dentro del marco establecido por PURPA.
La discusión legislativa ocurre mientras el crecimiento de la inteligencia artificial y la computación en la nube impulsa una expansión de los grandes centros de datos. Microsoft y OpenAI operan instalaciones de gran escala para sostener servicios de IA corporativos y de consumo. Google, a través de Alphabet, ha registrado incrementos sustanciales en su consumo energético vinculados con la transición hacia búsquedas generativas e infraestructura orientada a esta tecnología.
Amazon Web Services (AWS), señalado en el material como el mayor proveedor de servicios de nube del mundo, ha adquirido terrenos adyacentes a plantas de energía nuclear, entre ellas la central Susquehanna, en Pensilvania, para asegurar un flujo eléctrico constante y exclusivo. Meta ha rediseñado su infraestructura global para alojar grandes agrupaciones de tarjetas gráficas (GPUs), cuyo consumo energético puede alcanzar hasta tres veces el de los servidores tradicionales.
Las compañías tecnológicas buscan contratos por capacidades que van de 100 MW a más de 1.000 MW por instalación. Como referencia, 100 MW pueden abastecer de energía a unos 80.000 hogares. La conexión de cargas de esa magnitud puede exigir a las empresas eléctricas locales la construcción de nuevas plantas generadoras y líneas de transmisión de alto voltaje.
La presión sobre la infraestructura pública también alcanza al agua. Las miles de GPUs utilizadas para procesar información generan grandes cantidades de calor, por lo que los centros de datos dependen en su mayoría de sistemas de enfriamiento por evaporación. Estos mecanismos pueden evaporar millones de litros de agua dulce para reducir la temperatura del aire dentro de las instalaciones.
Un centro de datos grande consume, en promedio, una cantidad de agua comparable con la utilizada por una ciudad de entre 10.000 y 50.000 habitantes. Cuando estas instalaciones se ubican en zonas con sequías crónicas, como Arizona o Utah, su demanda puede coincidir con la de las redes de agua potable y los sistemas de riego agrícola.
Las estimaciones citadas sitúan entre 10 y 50 mililitros el consumo de agua asociado con una sola respuesta interactiva de un chatbot de inteligencia artificial, frente a los 0,6 mililitros de una búsqueda tradicional en Google.
Existe además un consumo indirecto relacionado con la generación de electricidad. Las plantas térmicas de carbón y gas utilizan grandes volúmenes de agua para refrigerar sus turbinas de vapor, lo que añade una demanda vinculada al suministro eléctrico requerido por los centros de datos.
Un reporte de sostenibilidad citado en el material señala que el agua indirecta o “embebida” en la electricidad adquirida por las compañías tecnológicas puede llegar a ser hasta 24 veces superior al volumen utilizado directamente por el edificio del centro de datos.
La expansión de estas instalaciones también ha generado preocupación entre comunidades estadounidenses. Encuestas de cadenas como NBC News han mostrado que cerca del 70% de los ciudadanos se opone a la construcción de centros de datos en sus vecindarios. Entre las preocupaciones aparecen el posible incremento de las facturas de electricidad y el consumo de agua necesario para refrigerar los servidores.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que el consumo eléctrico de los centros de datos en Estados Unidos podría representar más del 10% de la demanda energética total del país para 2030.
En el Senado, Heinrich planteó que el marco aprobado por la Cámara resulta insuficiente y propuso avanzar con el GRID Savings Act, presentado originalmente el 30 de julio de 2026 como S. 5199. El proyecto busca modificar la Federal Power Act para establecer la jurisdicción de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) sobre la interconexión de grandes cargas al sistema de transmisión y fijar estándares y procedimientos para esas conexiones.
La propuesta de Heinrich utiliza como referencia instalaciones con una demanda de 150 MW o más y plantea una intervención federal más directa sobre el proceso de conexión. El senador también ha defendido que los grandes consumidores, como los centros de datos, asuman los costos de las instalaciones necesarias para conectarse a la red.
Durante su intervención del 17 de septiembre, Heinrich también planteó la necesidad de que los centros de datos participen en la protección de los recursos locales, especialmente el agua, y mencionó el uso de energía limpia y almacenamiento mediante baterías como medidas relacionadas con la contaminación atmosférica. Estas consideraciones forman parte de su posición sobre el debate y no deben confundirse con disposiciones ya aprobadas de la Ratepayer Protection Act.
El proyecto de la Cámara recibió una votación ampliamente bipartidista, pero el procedimiento utilizado para intentar acelerar su aprobación en el Senado fue bloqueado mediante una objeción. De acuerdo con el registro legislativo de Husted, la Ratepayer Protection Act fue posteriormente registrada en el Senado como S. 5028 y remitida al Comité de Energía y Recursos Naturales el 18 de septiembre de 2026.
Mientras continúa el debate sobre quién debe asumir los costos de la expansión de la infraestructura eléctrica, las grandes empresas tecnológicas también han planteado cambios para reducir el consumo de agua de sus instalaciones. Microsoft se ha comprometido públicamente a desarrollar arquitecturas de enfriamiento de circuito cerrado o tecnologías que utilicen cero agua durante las operaciones normales para 2030, además de devolver a los acuíferos locales una cantidad de agua superior a la que extrae.
Por ahora, la Ratepayer Protection Act sigue siendo una iniciativa que fue aprobada por la Cámara de Representantes y que no ha completado el proceso legislativo federal. El intento de aprobarla por consentimiento unánime en el Senado el 17 de septiembre fue bloqueado por una objeción, mientras que la propuesta alternativa de Heinrich tampoco avanzó mediante ese procedimiento
