La Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP) de Francia sufrió una intrusión que expuso información fiscal y personal de cientos de miles de contribuyentes, entre particulares, profesionales y empresas. El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó el ataque después de que la brecha permaneciera activa desde finales de junio hasta mediados de agosto de 2026.
El acceso comenzó mediante la suplantación de un usuario legítimo. Con las credenciales obtenidas, el atacante ingresó a una VPN interna conectada directamente con una herramienta de búsqueda de contribuyentes de la administración tributaria. La vulneración fue detectada finalmente durante una auditoría interna, tras la cual el acceso irregular fue bloqueado de manera definitiva.
Un hacker que utiliza el alias “ZeroBytes” se atribuyó la operación. Aunque el primer mensaje difundido por el atacante apuntaba a una posible filtración de millones de perfiles, la estimación de FrenchBreaches sitúa el número de afectados en 678.437. El cálculo comprende 392.867 particulares y 285.570 profesionales o corporaciones. El Gobierno francés, por ahora, solo ha señalado que se trata de “algunos cientos de miles de usuarios”.
Los registros comprometidos incluyen nombres completos, fechas de nacimiento, domicilios, números telefónicos, direcciones de correo electrónico y números de identificación fiscal. También quedaron expuestas tasas de retención en la fuente e historiales de correspondencia técnica mantenidos con agentes del fisco.
El Ministerio de Finanzas precisó que las contraseñas y las credenciales utilizadas por los propios contribuyentes no fueron sustraídas. Pese a ello, la información obtenida ya estaría siendo ofrecida en foros de la dark web por varios miles de euros.
La investigación tiene además un segundo frente. “ZeroBytes” asegura haber penetrado el Servidor Profesional de Datos Catastrales de la DGFiP. Esa afirmación todavía no ha sido confirmada, pero, si se comprobara, el alcance sería considerablemente mayor: quedarían comprometidos nombres, direcciones y datos patrimoniales de aproximadamente dos millones de propietarios de inmuebles en Francia.
El valor de la información fiscal no se limita al ámbito financiero. Las autoridades de ciberseguridad consideran que la combinación de datos personales, ingresos y patrimonio puede convertirse en una herramienta para seleccionar víctimas. El cruce de esos registros podría facilitar campañas de suplantación, estafas y extorsiones, además de elevar el riesgo de robos y asaltos físicos.
Francia ya cuenta con antecedentes de delincuencia física relacionada con filtraciones de información. Entre ellos figuran más de 40 secuestros reportados contra inversores de criptomonedas. Expertos fiscales franceses también han advertido sobre otro efecto del incidente: el secreto fiscal constituye uno de los pilares de la confianza pública en el sistema tributario estatal.
La respuesta de las autoridades comenzó con la revocación de los accesos comprometidos y un endurecimiento de las restricciones aplicadas a las cuentas involucradas, con el objetivo de cerrar la vulnerabilidad asociada a la VPN. Hacienda también enviará comunicaciones individuales a los ciudadanos y empresas afectados para informarles qué datos fueron extraídos en cada caso.
El expediente fue presentado ante la Fiscalía y la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), organismo francés encargado de la protección de datos.
La DGFiP y la agencia nacional de ciberseguridad ANSSI recomendaron extremar las precauciones. La posesión por parte de un tercero de un nombre completo, una dirección o una fecha de nacimiento ya no debe considerarse una prueba de identidad oficial, dado que esos datos pueden ser utilizados para generar confianza durante un intento de fraude.
Las autoridades pidieron ignorar correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas que se presenten como comunicaciones tributarias y soliciten pagos, transferencias o información de cuentas. Para comprobar cualquier trámite o solicitud sospechosa, la recomendación es ingresar directamente a impots.gouv.fr escribiendo la dirección en el navegador y sin utilizar enlaces recibidos por terceros.
El aviso individual enviado por el Gobierno francés también deberá servir como señal para reforzar la vigilancia de los movimientos bancarios de quienes hayan resultado afectados.
El episodio se suma a una sucesión de ataques contra organismos públicos franceses durante 2026. En febrero, el Fichero Nacional de Cuentas Bancarias (FICOBA) fue vulnerado mediante credenciales robadas, comprometiendo información financiera asociada a 1,2 millones de cuentas.
También fue atacado el sistema de gestión de cuentas estudiantiles del Ministerio de Educación de Francia, con exposición de información perteneciente a miles de estudiantes y empleados públicos. En abril del 2026, piratas informáticos ingresaron a la plataforma de la Agencia de Documentos Seguros (ANTS), utilizada para gestionar pasaportes, licencias de conducir y documentos nacionales de identidad.
El sector sanitario sufrió otro incidente de gran escala. Una filtración que afectó al proveedor tecnológico Cegedim Santé derivó en el robo de 15,8 millones de expedientes administrativos médicos. A finales de diciembre del año anterior, además, se había confirmado el acceso indebido a cuentas de correo profesionales utilizadas por funcionarios del Ministerio del Interior, una intrusión que permitió sustraer archivos estatales altamente confidenciales.
La magnitud de los incidentes recientes queda reflejada en la comparación de los principales casos. El ataque atribuido a la DGFiP compromete aproximadamente 680.000 contribuyentes, mientras la posible vulneración del sistema catastral mantiene bajo investigación una exposición adicional de más de dos millones de propietarios. El incidente de Cegedim Santé alcanzó 15.8 millones de registros de salud y FICOBA involucró 1.2 millones de cuentas bancarias. En el Ministerio del Interior fueron sustraídas decenas de documentos de seguridad confidenciales.
Sindicatos informáticos de la administración pública francesa atribuyen buena parte de estas vulnerabilidades a presupuestos insuficientes y a las dificultades del sector estatal para incorporar especialistas en ciberseguridad. Según estas organizaciones, esa combinación deja infraestructuras críticas expuestas ante las operaciones del cibercrimen.
